Dirigen los procedimienito de adjudicacion a sus proveedores asociados.​

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Cierre del ejercicio 2026 tenso por señalamientos en CFE de los procesos de pago a proveedores en la Región de Generación Norte

Proveedores reportan presuntas irregularidades y retrasos en procesos de pago

Diversos señalamientos relacionados con los procesos administrativos de la CFE Generación han puesto bajo atención la situación que enfrentan proveedores y contratistas de la Región Norte, particularmente en lo referente a la gestión y liberación de pagos por servicios y trabajos previamente contratados.

De acuerdo con los señalamientos hechos llegar por integrantes de la proveeduría, implican al Ing. Raúl Villa Sánchez, con antecedentes de retraso de pagos inicialmente en la CT Altamira, y en fechas recientes en la CCC Huinalá, prácticas que siempre han sido constantes en su actuación, aludiendo tener instrucciones directas de la administración regional, siendo los Ing. Giovanni Cuevas Reyes y el Ing. Alejandro Ramírez Monroy.

Existen casos en que los pagos de facturas habría presentado retrasos que, según los afectados, han generado presiones financieras, siendo que el cumplimiento son obligaciones contractuales de la empresa pública.

Uno de los aspectos que requiere especial atención son las versiones sobre presuntos cobros indebidos vinculados con la gestión o liberación de pagos. Según los testimonios referidos, algunos proveedores habrían recibido solicitudes para entregar determinados porcentajes a cambio de agilizar el trámite de sus facturas. Quienes habrían rechazado dichas solicitudes, aseguran, enfrentarían mayores tiempos de espera para la liberación de sus pagos.

Hasta el momento, estos señalamientos deben considerarse presuntos y sujetos a comprobación, por lo que su existencia y alcance tendrían que determinarse mediante la revisión de expedientes, registros administrativos, documentación financiera y, en su caso, investigaciones de las autoridades competentes.

La preocupación entre integrantes de la proveeduría radica en que los retrasos prolongados en los pagos pueden afectar de manera significativa el flujo de efectivo de empresas contratistas,

 

particularmente de aquellas pequeñas y medianas que requieren de los pagos de sus contratos para cubrir nóminas, obligaciones fiscales, financiamiento y compromisos con terceros.

Asimismo, se han planteado cuestionamientos sobre la posibilidad de que determinados proveedores reciban un trato preferencial frente a otros, como es el caso de INDUSTRIAL METALICA ESPECIALIZADA REGIA SA DE CV, SERVICIOS INDUSTRIALES TECNICOS DEL NORESTE SA DE CV, INSTRUMENTACION Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS SA a quienes

su pago es expedito y expontaneo.

La situación cobra relevancia en un contexto en el que CFE mantiene una relación contractual con un amplio número de proveedores y contratistas. La propia empresa cuenta con mecanismos institucionales relacionados con proveedores, contratación y cumplimiento regulatorio, cuya aplicación resulta fundamental para garantizar la trazabilidad de los procedimientos.

En meses recientes también se han hecho públicos otros señalamientos relacionados con posibles irregularidades en materia de adjudicaciones, proveedores y conflictos de interés.

Ante este escenario, especialistas y representantes de la proveeduría consideran relevante que cualquier denuncia sea acompañada de documentación que permita identificar contratos, facturas, fechas de vencimiento, periodos de retraso y comunicaciones relacionadas con la gestión de los pagos.

Para establecer responsabilidades, el punto central sería determinar si los procedimientos de pago se están llevando a cabo conforme a las obligaciones contractuales y administrativas aplicables y, en caso de existir irregularidades, identificar a los responsables y las medidas correspondientes.

Estos casos ha generado un creciente malestar entre proveedores y contratistas, mientras las autoridades continúan avanzando en las indagatorias para esclarecer la red de posibles actos de corrupción. Las autoridades han prometido transparencia en el proceso y el compromiso de llevar ante la justicia a los responsables.

La pregunta que surge es: ¿hasta cuándo se permitirá este trato? ¿Qué medidas se tomarán para proteger a los proveedores y contratistas, garantizando la transparencia y mejores condiciones de competencias? ¿hasta cuándo se protegerán a estos servidores públicos? La situación actual exige respuestas y acciones inmediatas para restablecer la confianza y el bienestar en la CFE.